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April 05, 2004 Panama annuls another maritime concession Suspended the concession to Ocean Pollution Control (OPC)

Maritime concessions in Panama continue to fall like a house of cards, as the country’s Supreme Court revoked yet another contract for improprieties. The court on 18 March suspended the concession to Ocean Pollution Control (OPC), which had been awarded its contract to prevent maritime contamination in 1997 by the Port Authority (APN), now the Panama Maritime Authority (AMP). It was the second concession granted by the APN – then under the direction of Hugo Torrijos and Ruben Reyna – to be suspended by the court. The comptroller general’s office had petitioned the court on 13 June 2003 to annul the OPC’s concession, claiming that the APN was not empowered to grant such a concession.

In its provisional decision, the court ruled that the OPC contract, which was worth more than $2M a year, was never presented to cabinet ministers for approval, even though such consideration is required under law for all contracts exceeding $500,000. The court’s decision surprised no-one, Fairplay learned from one maritime lawyer who asked not to be identified. The AMP will assume the service until a decision is made on whether the state entity will provide environmental protection services or call for international bids.

Accord for canal assistance

In 2002, the Panama Canal Authority (ACP) signed a technical agreement with member agencies of the US National Response Team, composed of 16 US federal agencies, enabling the ACP to obtain assistance in case of significant pollution incidents affecting the canal area. In December, the controversial 20-year concession to Ports Engineering and Consultants (PEEC) was revoked after the comptroller general accused PEEC of improperly allowing a private company to perform state services. On 10 October 2003, the comptroller’s office froze up to $6.7M in assets of PEEC and of former APN officials Torrijos and Reyna – who along with former President Perez Balladares were accused of being hidden shareholders in the company. The Supreme Court also decided that overall, the government had been entitled to receive more than $9M more in fees since 1997.

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